a torre vixía :
Xosé Luis Barreiro Rivas
Fecha de publicación:
Jueves 07 de enero de 2010
Los españoles, que veíamos con buenos ojos una petición fiscal de 100 años de cárcel para un preso que había escrito una carta presuntamente amenazante, estamos de uñas contra Dinamarca porque encarceló a un español que falseó su identidad y utilizó un acto de la Corona danesa para hacer ilícita propaganda ecologista. Cuando las cosas se analizan a través del embudo, acaba pasando esto. Y, si nosotros nos escandalizamos por esta detención -controlada por la Justicia de un socio comunitario de larga tradición democrática-, imagínese usted qué pensarían los daneses si les dijesen que en España se puede perder el derecho de sufragio pasivo por haber ido en una lista legal en la que también figuraba un candidato legítimo, que más tarde fue declarado colectivamente contaminado, aunque sigue libre de imputaciones personales que fundamenten la limitación de sus derechos.
Lo que Dinamarca ve como un gravísimo ataque a la seguridad y al prestigio de su Corona, a los españoles nos parece una travesura simpática e intrascendente. Lo que nuestro fiscal general veía como una amenaza contra el Estado, que merecía una pena mayor que la que se hubiese solicitado por matar al arzobispo de Toledo en la procesión del Corpus, al juez irlandés que examinó la demanda de extradición de De Juana Chaos le pareció una «españolada» desmesurada y grotesca. En Guantánamo hay presos que no se ponen bajo la tutela de la Justicia ordinaria porque, no habiendo pruebas que los incriminen, quedarían libres inmediatamente. Los muertos de Afganistán, si son de la CIA, son héroes ejemplares masacrados por terroristas; pero si son unos chaíñas de Kandahar, que gastaron sus ahorros en un Kalashnikov de segunda mano, no son más que terroristas que, además de merecer la muerte cochina que les dieron, justifican los asesinatos colaterales que se producen en bodas y mezquitas.
El problema reside en que los códigos penales están dejando de ser catalogaciones objetivas de delitos y penas, puestos al servicio del orden social y de la reinserción de delincuentes, para convertirse en mecanismos complementarios de la acción policial que defiende el estatus dominante. Lo que hace que un hecho sea penalmente relevante o irrelevante es la caprichosa proyección intencional que hace de él -con criterios de justicia preventiva- la opinión pública. Y por eso tenemos la terrible sensación de que se nos están hundiendo los pies en un creciente subjetivismo penal que amenaza nuestras garantías personales y democráticas. El ansia de seguridad absoluta se ha instalado en la cima de los valores políticos. Y ese es -¡solo ese!- el tortuoso e imperceptible camino por el que el terrorismo nos puede ganar la partida.
(publicado na Voz de Galicia)
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